La Comunidad de Madrid ha distribuido esta semana un informe de ocho páginas atribuido a fuentes jurídicas de esta Administración, donde se insiste en la críticas al informe de la Guardia Civil donde se insiste que se investigue a Cifuentes por posible cohecho y prevaricación.
La UCO considera que puede haber un delito en la participación de Cifuentes en las adjudicaciones realizadas al empresario hostelero Arturo fernández, que a su vez financiaba al PP madrileño gracias a donaciones irregulares a la fundación Fundescam
Unas horas después la respuesta de la líder madrileña fue que el informe era «una sucesión de juicios de valor, sin ningún fundamento jurídico». El juez Velasco descartó imputar a la presidenta madrileña que no había ordenado continuar la investigación.
Este jueves se creó un contrainforme de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid que desmonta las aseveraciones del a Guardia Civil. El documento afirma que la participación de Cifuentes en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea en los años 2009 y 2011, ella era vicepresidenta de la Cámara y presidía la Mesa de Contratación fue ajustada a Derecho, y las las acusaciones policiales contra ella carecen de fundamento.
El PP ha proclamado públicamente su respaldo a la labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado asegurando que en el informe sobre la presidenta madrileña han hecho su trabajo. En ese momento no se conocía aún el contrainforme de la Comunidad de Madrid, pero el PSOE había pedido la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para aclarar si «defiende» a la Guardia Civil ante las críticas de Cifuentes.
El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, el coordinador general del PP declaró en los medios de comunicación manifestó que «todos los informes que se puedan elaborar, pero al final lo que vale son las decisiones judiciales».
Carlos Rojas, el portavoz adjunto del Congreso ha destacado el apoyo» del PP a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, dijo, trabajan «para perseguir los delitos» y «auxiliar a la Justicia y asegura que la Guardia Civil está haciendo su trabajo, con profesionalidad, y luego el juez es quien tiene que valorar».
